Este acto supone, en palabras de Zapatero, la «oficialización» del anteproyecto, que ahora será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. La Ley de Capitalidad supondrá el reconocimiento de las características de Madrid como capital del Estado. Ofrecerá soluciones para la mejora de los servicios públicos que reciben sus más de tres millones de habitantes y clarificará, ordenará y simplificará las competencias y la gestión del Ayuntamiento.
En contra de la idea original del Gobierno municipal, no incluirá un régimen de financiación específico, que se abordará cuando se reforme la Ley de Haciendas Locales.
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